Nueva sentencia contra la corrupción del PSOE : Condenado a nueve años de inhabilitación el exalcalde de Alicante por despedir a una funcionaria que era cuñada del líder de la oposición

Un tribunal ha condenado a nueve años de inhabilitación para empleo y cargo público al exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri por un delito de prevaricación administrativa, cometido al ordenar el despido de una funcionaria interina del Ayuntamiento que era cuñada del entonces líder de la oposición, Luis Barcala

La Sección Tercera de la Audiencia de Alicante considera probado que el acusado tomó esta decisión el 18 de abril de 2017 para vengarse de su oponente político, concretamente “como represalia por la denuncia que esa misma mañana se había interpuesto contra él en Fiscalía por el Partido Popular a través de sus representantes y, entre ellos, su portavoz”.

Al día siguiente, el alcalde llamó a un técnico para que preparara un decreto con el cese de la interina, que estaba adscrita a la Concejalía de Cultura, aunque se negó a darle la orden por escrito.

Con posterioridad, el acusado anunció al concejal de Cultura, Daniel S.P., que iba a despedir a la funcionaria. Ya el 20 de abril, Gabriel Echávarri ordenó al edil de Recursos Humanos que firmara el decreto con el cese, tras informarle de que había recibido un requerimiento para ello de la Sindicatura de Greuges y un informe de la Concejalía de Cultura.
“Sin embargo, no existía expediente, ni el informe de la Concejalía de Cultura era favorable al cese, ni el requerimiento del Síndic de Greuges de 11 de octubre de 2016 se refería a la funcionaria cesada en concreto, sino en general a la sustitución de todos los funcionarios interinos, en cuanto fuera posible, por funcionarios de carrera”, advierten los magistrados.

Para la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante, el despido de la cuñada de Luis Barcala respondió a una “orden emanada del acusado de forma unilateral e injustificada” y debe por tanto “ser considerada ilegal”.

La Sala concluye que esa actuación “abrupta, sorpresiva e injustificada” supuso “una verdadera desviación de poder” y “constituía un acto de venganza contra el entonces portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento”.

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